ruben espinosa duarte

Israel Hernández*

Hace un par de años, durante una reunión con el sector empresarial en Boca del Río, Javier Duarte trató de justificar la ola de violencia con una frase: “Debo admitir que me tocó bailar con la más fea”.

Y sí, basta recordar que una vez tomó posesión en el gobierno estatal se disparó la disputa entre las bandas del crimen organizado y los enfrentamientos de estos con la Marina y el Ejército.

Los dos primeros años de su gobierno se empataron con el último tramo del gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, cuya política de ataque frontal al narcotráfico desencadenó miles de homicidios dolosos y un fenómeno que hasta nuestros días ha cobrado unas 27 mil víctimas: la desaparición forzada.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz hay mil 860 casos de niños, jóvenes universitarios, adultos mayores, amas de casa, obreros, empleados, oficinistas, periodistas y padres de familia que se esfumaron.

Si bien no todos los casos son por desaparición forzada, también hay que agregar el hecho de que existe una cifra negra, aquella que engloba los casos que no son denunciados o que no son incluidos en los registros oficiales.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y la Percepción sobre Seguridad Pública, en nuestro país la cifra negra alcanza hasta un 96 por ciento, es decir, apenas un 4 por ciento de los casos son registrados.

Por ello no es descabellado estimar que Veracruz ha sido escenario de miles de desapariciones forzadas en los últimos 6 años, en las cuales se ha documentado la participación de policías estatales a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, quien dirigió la Secretaría de Seguridad Pública hasta el pasado 4 de agosto, fecha en que renunció después de que se documentara la posesión de 24 inmuebles en Estados Unidos y México.

El Colectivo Solecito de Veracruz, por ejemplo, estima que hay entre 8 mil y 10 mil personas desaparecidas en el estado, con base en los cientos de familiares que han acudido a la toma de muestras de ADN (derivadas del hallazgo de fosas clandestinas) y que por temor no presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Además de la participación de elementos estatales, las desapariciones han cargado con un estigma, con el sello de la criminalización. El primer gran caso, por ejemplo, se dio el 21 de septiembre del 2011, cuando fueron arrojados 35 cadáveres en la avenida Ruiz Cortines de Boca del Río.

En menos de 24 horas, la Procuraduría (hoy Fiscalía) de Justicia del Estado se apresuró a determinar que las víctimas eran integrantes del crimen organizado. No obstante, en la lista figuraban casos de jóvenes que no tenían antecedentes penales, o en su defecto, que nunca se les pudo comprobar su nexo con algún cártel del narcotráfico.

Con el paso de los meses, la criminalización se convirtió en una práctica común para minimizar las malas actuaciones de la policía y el vacío de justicia.

En la segunda parte del sexenio de Duarte de Ochoa, la Policía que depende de su gobierno ha estado involucrado en por lo menos 3 casos graves de desaparición forzada.

En diciembre de 2013, un grupo de sujetos a bordo de camionetas blancas y uniformes sin logotipos, emprendieron un operativo en la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz.

En menos de 3 días, una decena de jóvenes desaparecieron. La mayoría fueron sustraídos de sus casas por sujetos con aspectos de policía, según relataron las madres.

A casi 3 años de su desaparición, nada se sabe de los muchachos y las madres ahora sin parte del Colectivo Solecito de Veracruz, integrado por unas 150 personas.

Gibrán Martiz Díaz, José Eduardo de la Cruz Caballero y un menor de identidad reservada fueron vistos por última vez el 7 de enero de 2014, tras una detención policial. Once días después aparecieron sin vida en un paraje de la carretera Huatusco-Conejos.

En primera instancia el gobierno trató de vincular los asesinatos con un ajuste de cuentas del crimen organizado, sin embargo, Efraín Martiz, padre de Gibrán, comprobó que su hijo estuvo recluido en la Academia de Policía en El Lencero.

Por ese caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que sí había responsabilidad del gobierno estatal y ordenó indemnizar a la familia Martiz, la cual tuvo que salir del país por una serie de amenazas.

Dos años después, la Policía Estatal detuvo en Tierra Blanca a 5 jóvenes: Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O.

Ellos circulaban en dirección a Playa Vicente cuando los elementos de la SSP detuvieron su paso y los subieron a una patrulla. Desde aquel 11 de enero de 2016, nunca más se supo de ellos, hasta que fueron encontrados unos restos calcinados en un rancho de Tlalixcoyan.

La Procuraduría General de la República y un grupo de peritos argentinos sólo pudieron identificar los restos de Bernardo Benítez. Por ese caso fueron consignados los 6 policías, pero también Marcos Conde, delegado de la SSP en esa región.

Los vínculos de las autoridades estatales con las bandas del crimen no se han comprobado del todo, sin embargo, el reciente hallazgo de unas 100 fosas clandestinas con restos humanos al norte del puerto de Veracruz abre la interrogante sobre la complicidad de la FGE con los delincuentes.

“Ellos (las autoridades) se han portado muy bien con nosotros. Siempre ha habido disposición y buenos tratos, pero no hay resultados. El grueso de los hallazgos han sido gracias al trabajo del colectivo y de la desesperación por encontrar a nuestros familiares”, dijo Rosalía Castro Toss, una de las integrantes de Solecito de Veracruz.

 

CENSURA MORTAL

En los últimos 6 años, el derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los que más se ha coartado desde el gobierno estatal, tanto como cómplices o responsables, como por omisión en las investigaciones.

Las cifras arrojan 19 periodistas veracruzanos asesinados, 5 desaparecidos y decenas de agresiones. Veracruz se ha convertido en una de las regiones del mundo más peligrosas para los periodistas.

Los números tienen nombres: Gabriel Huge, Milo Vela, Guillermo Varela, Esteban Rodríguez, Regina Martínez, Yolanda Ordaz, Víctor Baez, Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Rubén Espinosa, Gregorio Martínez, Pedro Tamayo, Octavio Rojas , Anabel Flores, Manuel Torres, Noel López, Juan Mendoza, Sergio Landa y Misael Solana.

Una de las razones que han contribuido a que la lista de comunicadores asesinados no se detenga, es el alto grado de impunidad en cada uno de los crímenes.

Del total de homicidios, no hay una sola persona sentenciada, incluso en los casos que han sido atraídos por la PGR por la probable participación de la delincuencia organizada.

La responsabilidad del gobierno de Javier Duarte ha sido tal que, en el caso de Rubén Espinosa, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (lugar donde fue asesinado) tomó la declaración del gobernador porque Espinosa huyó de Veracruz ante los hostigamientos y amenazas de funcionarios estatales.

En el caso de Moisés Sánchez, la policía estatal dejó que los responsables lo sustrajeran de su casa, fueron cómplices de su desaparición y del posterior asesinato.

Una situación similar ocurrió con Pedro Tamayo, quien fue baleado en Tierra Blanca a pesar de que debía ser protegido por la SSP. Incluso cuando los familiares de Tamayo intentaron perseguir a los delincuentes, una patrulla impidió el paso.

Ni siquiera la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, cuyo presupuesto anual es de 22 millones de pesos, ha podido reducir el riesgo para los trabajadores de la información.

Los golpes y agresiones en medio de coberturas, robos de equipo fotográfico y video, así como los ataques armados a oficinas de medios de comunicación, también se han hecho presentes en el gobierno duartista.

Organizaciones no gubernamentales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han puesto en la escena internacional la crisis del periodismo en Veracruz, de tal manera que hasta las Naciones Unidas han pronunciado su rechazo a los ataques.

CERO TOLERANCIA

Con la aprobación de la reforma educativa, miles de profesores salieron a las calles y en Veracruz el Movimiento Magisterial Veracruzano decidió tomar la Plaza Lerdo, en la capital del estado.

El rechazo a las nuevas disposiciones llevó a los maestros a cerrar avenidas, hacer marchas en todo el estado, suspender clases y apoderarse del corazón de la ciudad de Xalapa.

Pero la paciencia del gobierno se acabó la madrugada del 13 de septiembre del 2013, en víspera de la celebración de la independencia de México.
El plantón conformado por unos 2 mil maestros de todo el estado fue desalojado violentamente por policías estatales, cuyos elementos golpearon con toletes eléctricos y amagaron con armas a los docentes.

Las agresiones se expandieron por diferentes calles del centro de la capital y una decena de periodistas, así como transeúntes, también sufrieron la represión policial ordenada desde Palacio de Gobierno.

Los desvíos de recursos públicos que ya son investigados por la PGR y el propio SAT, generaron un hueco en las finanzas del estado que ha imposibilitado el pago a los pensionados.

Similar a lo ocurrido con los profesores, el 24 de diciembre del 2015, policías estatales desalojaron a medio centenar de adultos mayores que reclamaban el pago de sus pensiones.

Sin importar que se tratara de personas con problemas de salud y que hacían reclamo de un derecho, los uniformados irrumpieron con violencia hasta liberar la avenida Enríquez con la orden directa del secretario de Gobierno y ahora gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.

Los problemas de dinero también provocaron que miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana, encabezados por la rectora Sara Ladrón de Guevara, reclamaran el pago inmediato de mil 200 millones de pesos.

Las protestas en diferentes ciudades donde tiene presencia la UV no fueron reprimidas, sin embargo, esa suerte no la tuvieron 8 estudiantes de la Facultad de Humanidades que fueron brutalmente golpeados por un comando.

El ataque se registró un 5 de junio del 2015, previo a las elecciones federales y después de protestas de estudiantes contra el gobierno y contra el PRI, el aún partido oficial.

HEREDA CRISIS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 6 recomendaciones al gobierno estatal mientras Duarte de Ochoa despachó en el Poder Ejecutivo de Veracruz.

La más reciente es la relacionada con el caso de desaparición forzada y asesinato de Gibrán Martiz, pero también hay casos por negligencia médica y negativa a ofrecer servicios médicos en los hospitales de Tuxpan y Veracruz puerto, así como por la falta de procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado.

En en plano local, de las 345 recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 2011 a mediados de 2016, 162 (46 por ciento) han sido dirigidas a distintas dependencias del gobierno estatal.

De los 162 oficios girados, un 80 por ciento han sido para la Secretaría de Seguridad Pública y el resto a las secretarías de Educación, Salud y a la Fiscalía General (antes Procuraduría de Justicia).

El común denominador de las quejas ante la CEDH son las detenciones arbitrarias, agresiones y el abuso de poder los policías estatales, así como la violación a derechos como la libre manifestación.

Javier Duarte pasará a la historia como un violador sistemático de los derechos humanos.

Por ello diferentes voces políticas, como la del diputado federal por Morena, Cuitláhuac García, así como de organizaciones no gubernamentales, como la de Anaís Salazar del Grupo Buscando a Nuestras Desaparecidas-Desaparecidos-Veracruz, coinciden en que el priista no sólo debe ser investigado por el probable desvío de 35 mil millones de pesos, sino por la grave crisis de desapariciones, homicidios, feminicidios y violaciones que se acentuaron en su gobierno.

Ese es el legado de Duarte de Ochoa.

*Israel Hernández es un periodista veracruzano que fue tallerista de “Desnudando la crónica”, el curso de periodismo impartido por cuadernosdobleraya.com en la Universidad de Guadalajara, en diciembre de 2015.

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