Por Témoris Grecko

En Ciudad Altamirano, Guerrero, el jefe regional de los Caballeros Templarios, Rodolfo Maldonado Bustos, alias “José Pineda” y “Don José”, ha anunciado abiertamente su decisión de doblegar a los poderes del Estado mexicano, pese a la presencia de 400 agentes de la Policía Federal que no han actuado para detenerlo. Tras el anuncio de que van a secuestrarlo, el alcalde anda a escondidas; la síndica que lo estaba sustituyendo ha tenido que renunciar tras el rapto de su esposo, y como encargado de despacho ha quedado un regidor.

Captura de pantalla 2016-02-05 a la(s) 13.46.59Fragmento del comunicado de SEDENA del 22 de octubre del 2012 donde identifican a los jefes templarios, a quienes no han detenido.

El presidente municipal se llama Ambrosio Soto. Vive bajo presión desde hace casi tres meses y medio. Después de seis semanas de angustia, decidió dar a conocer su caso a principios de diciembre del 2015, como parte de una investigación publicada en Aristegui Noticias.

El 18 de octubre pasado, apenas unos días después de ocupar el puesto, recibió por teléfono celular un mensaje del número 7671016635 (respetando la ortografía): “Buenas nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidio d favor qce arrime a platikar, noc arrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunez kiere los 3 millonez acordados, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza 1 dia zera lo doble”. Ese dinero tendría que salir del presupuesto municipal. Además, le exigieron una parte de las ganancias de la feria regional ganadera, de la que el año anterior, el 2014, el entonces alcalde y los organizadores les habrían entregado 600 mil pesos.

Soto puso su puesto a disposición de su partido, el PRD, “porque mañana voy estar en la cárcel por faltantes” y se enfrenta a una situación en la que “no tienes más alternativas: la cárcel o la amenaza de muerte”, confesó a AN. Le pidieron que aguantara. Se puso entonces a la espera de que las autoridades federales detengan a los delincuentes o le otorguen una protección eficaz. Le dijeron que sí, que “se va a actuar”. Pero no le dijeron cuándo.

¿Y LA SEGURIDAD?

En diciembre del 2014, estuve en Ciudad Altamirano con los periodistas David Espino y Luis Cortés, tratando el mismo asunto. Un ciudadano que aceptó hablar con nosotros explicó que la “cuota de Navidad” es un impuesto criminal de temporada que, aseguró, “es negociable”. Todo depende de las habilidades de cada quien. Una mujer que aprovecha las fiestas para vender cajas para regalo, por ejemplo, pudo convencer a los cobradores de los Caballeros Templarios de reducir el pago de 30 mil pesos que le exigían a “sólo” 25 mil pesos. Estaba contenta. “Lo hizo mal”, replicó nuestro interlocutor: “Mi cuñado tiene una refaccionaria. Le pidieron 30 mil, igual, pero habló con ellos y quedó en 5 mil”. El ejemplo debía servir para el diálogo que este vecino iba a tener con ellos, que sería por teléfono. Pero algo falló: los extorsionadores no llamaron a la hora indicada y el extorsionado no conseguía que le contestaran. “A veces están en lugares donde no hay señal, ¿sabes?” A la mañana siguiente, tuvo que ir a buscarlos “a la tienda, no sea que vayan a pensar que no quisimos hablar con ellos”. ¿Es posible verlos, entonces, en un lugar fijo? ¿Y si uno va con la policía? “Sería fácil denunciarlos y que se los llevaran. Pero ahí no están los meros meros, sólo sus gatos. Y luego te mandarían levantar”.

Un año después, según el reportaje de Aristegui Noticias, la cuota de Navidad 2015 fue de 25 mil pesos para las purificadoras de agua, 50 mil para el sitio de taxis “Cutzamala”, 100 mil a la Refaccionaria Virgo y 200 mil para la empresa Llantera Velázquez. Para las tiendas de la familia Borja, el monto se elevó hasta un millón de pesos.

La célula de los Templarios responsable puede ser ubicada en Cutzamala del Pinzón (30 minutos al noreste) y está encabezada por Maldonado Bustos, según información que la Sedena dio a conocer desde hace ya más de tres años, en octubre del 2012. Pero no los han detenido.

“¿Y la seguridad? ¿Dónde está el Operativo Tierra Caliente, dónde están?”, preguntó Aristegui Noticias. “No los veo yo”, respondió el alcalde Soto. “Patrullan en su municipio…”, se le insistió. “No veo nada yo”, interrumpió el edil.

“Después de reportaje, Ejército ahora sí persigue a extorsionadores”: con esta cabeza, el portal dio cuenta del operativo el 34 Batallón reportado en un comunicado de Sedena, el 8 de diciembre del 2015. Pero no fueron a Cutzamala, al noreste, sino al noroeste, a Characharando, Michoacán, donde las tropas requisaron una camioneta, cargadores y munición (sin armas), teléfonos celulares, dosis de cocaína y cristal, y libretas con nombres de negocios, sus datos y cantidades en miles de pesos, algunas de las cuales estaban marcadas con resaltador amarillo y otra, en naranja. “Fuerte golpe al crimen organizado”, se titula el documento del Ejército. No hubo ni un detenido.

GOBIERNO INMÓVIL

Nada que le quitara el sueño a “Don José”. Antes de una semana, mandó subir a YouTube el video “Aviso al presidente de ciudad altamirano”, en el que, con voz electrónica tipo Anonymous y sobre la imagen de un hombre armado con un fusil automático, asegura que el alcalde está en deuda porque los Templarios lo ayudaron a ganar las elecciones de junio del 2015 y le advierte: “Entonces perro, no muerdas la mano del que te está dando de comer. No me traiciones porque eso puede costar caro”.

Si las autoridades han tenido algún tipo de avance en la investigación, si de alguna forma se han acercado a los delincuentes, ya siguen pasando meses sin que se sepa nada. Y para muchos ya es demasiado tarde.

La familia Borja tiene un historial de rechazo a la extorsión, después de que uno de ellos, el médico Rodrigo Borja García, fue secuestrado dos veces, en 1996 y 1999. En 2011, su hermano Miguel y su esposa fueron asesinados dentro de su negocio, por negarse a pagar el derecho de piso. Y ahora, después de que los Borja tomaron el riesgo en diciembre de revelar a Aristegui Noticias, sin ocultarse, que les estaban exigiendo dinero y cuánto, los están haciendo pagar su atrevimiento:

El empresario Gustavo Borja García fue secuestrado dentro de su tienda, el Centro Ferretero Borja, hace una semana, a las 8 de la mañana del jueves 28 de enero. El sitio está a sólo cuadra y media del Hotel Aries, donde están acuartelados los agentes de la Gendarmería Nacional (un cuerpo de la Policía Federal) que aplican el Operativo Tierra Caliente.

Su esposa se llama Rosalba Rendón y es síndica en la administración municipal de Ambrosio Soto. Como el alcalde tiene que evitar la venganza de “Don José”, Rendón quedó con la responsabilidad de representarlo en las reuniones de cabildo y en actos públicos. No más: los secuestradores de su marido pusieron como primera condición, para empezar a hablar, que la síndica renunciara al cargo. El martes presentó su carta de solicitud de “licencia indefinida” al Congreso estatal y el primer regidor, Humberto Chávez, tiene ahora que enfrentar el reto como encargado de despacho.

“Es un reto al Estado”, les dijo el alcalde a Daniel Velázquez e Israel Flores, del diario local El Sur, ayer miércoles, después de que frente al ayuntamiento hallaron un mensaje que dice: “Ahora secuestraron al esposo de la síndica y ahora sigue Ambrosio Soto el presidente”. Pero es tarde para renunciar, como había pensado antes: “A estas alturas no estoy pensando en pedir licencia, ya para qué chingados, yo sigo para adelante, pero vamos a platicar con el gobernador a ver qué dice de todo esto”.

Al mismo tiempo, en Chilpancingo, el mandatario estatal hacía una valoración de cómo va el inicio de su periodo de gobierno: “Son cien días en los que hemos tratado de que la gobernabilidad regrese”. Sólo en enero, se cometieron 202 ejecuciones en Guerrero, un 89% más que en enero del 2015.

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