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Un funcionario público me citó para comer hace unas semanas. Al llegar al restaurante me pidió que apagara el celular y lo guardara en el saco. Él hizo lo propio. Seguí las instrucciones sin mostrar sorpresa para no estropear lo que parecía ser una reunión que aportaría revelaciones. Algo importante tendría que decirme al solicitar tanto sigilo, pensé. “Los teléfonos móviles son los ojos y los oídos de los espías”, me dijo en voz baja.

Confieso que pensé que exageraba. Antes de dicha reunión había tenido experiencias similares en reuniones con periodistas, quienes cada vez con mayor frecuencia tomamos ese tipo de cuidados. Hace tiempo que es vox populi dentro del gremio que nuestras llamadas son susceptibles de intervención telefónica, y más aún: no son pocos los colegas que aseguran que los celulares y las computadoras pueden funcionar como micrófonos de organismos públicos y privados, quienes por diversas razones estarían interesados en saber qué temas estamos investigando, o qué posturas tenemos sobre los acontecimientos noticiosos.

Aun así confieso –y vuelvo a confesar– que tantas precauciones me habían venido pareciendo exageradas. ¿Por qué invertiría tiempo una agencia de inteligencia en conocer la información que contienen mis dispositivos móviles? ¿Para qué gastar recursos humanos y económicos en enterarse de lo que converso durante un día cualquiera? Hay compañeros que inclusive tapan la cámara de sus computadoras porque sospechan que “alguien” los está filmando, y cada vez son más los que evitan tener conversaciones telefónicas que involucren asuntos “delicados”.

Y aunque desde hace tiempo tomo algunos cuidados, no me considero exagerado en este tema. Hablo y escribo con relativa libertad desde mi celular y computadora, sin paranoias. Pero una nota que comenzó a circular ayer en varios medios de comunicación atrajo mi atención. La empresa de espionaje Hacking Team fue hackeada y la lista de sus clientes exhibida. Entre éstos se encuentran varias dependencias gubernamentales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que habría pagado 200 mil euros por utilizar un software espía que justamente hace eso: convierte celulares y computadoras en micrófonos y videocámaras.

¿De verdad hay unos señores de traje negro escuchando y viendo las actividades de los periodistas? Parece que sí. La vigilancia de las actividades de algunos reporteros no es cosa nueva, mas sí lo es que este fenómeno esté resultando cada vez más fácil y extendido. Las nuevas tecnologías lo han masificado, al parecer.

Anoche mismo encontré páginas de internet que ofrecen “espionaje completo” por 50 dólares, o tiendas virtuales que prometen intervenir aparatos por 5 mil o 10 mil pesos. Parece muy sencillo. Los expertos en el tema dicen que lo es.

El funcionario que les comenté justo me dijo eso: que tenga cuidado de lo que hablo o escribo en mi celular, y que la misma precaución ocupe cuando utilice las computadoras de mi casa u oficina. No lo dijo –me dijo– porque tuviera información de que ello ocurriera en mi caso, sino porque él había sido espiado. Y me contó su drama. Estaba nervioso, con ojos saltones.

En internet encontré que esos software espía –los de 50 dólares– conocen los números telefónicos y los mensajes de texto que entran y salen de un celular, que rastrean vía GPS la ubicación de los usuarios, que tienen acceso al directorio telefónico, que pueden mirar los correos electrónicos, las páginas web que visitamos… y las fotos y los videos. Por supuesto prometen tener acceso total a Whatsapp, Skype, Twitter, Facebook, Instagram.

Y que sí, dicen, pueden grabar llamadas, o escuchar y filmar mientras un teléfono móvil reposa sobre la mesa de un restaurante. Inclusive ahora mismo podría estar siendo filmado desde la cámara de la computadora desde la que escribo este post. Sólo haría falta que un espía tenga voluntad y recursos para hacerlo.

Hasta así confieso, ante usted lector todo poderoso, que me parece difícil imaginar que unos señores de traje negro estén ocupando tiempo y recursos en indagar lo que decimos y hacemos los obreros de la información periodística.

Y si así lo hicieren, ¿sería legal?

 

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