La publicidad del banco estatal peruano suena a ironía: uno de sus empleados se robó dinero de reparaciones de víctimas de la violencia depositado en esa entidad.

La publicidad del banco estatal peruano suena a ironía: uno de sus empleados se robó dinero de reparaciones de víctimas de la violencia depositado en esa entidad.

Escribo en el día en que el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ha dicho que Iguala “no es el Estado”, luego de mostrar los videos de testimonios del asesinato a los normalistas de Ayotzinapa. Perú y México tienen en común los miles de desaparecidos por la violencia y un Estado que, por lo común, no protege al más vulnerable, e incluso, lo agrede.

En Perú, desde 2011, el Estado entrega reparaciones económicas a las víctimas de la violencia de los años 1980-2000, iniciada por la organización terrorista Sendero Luminoso y protagonizada también por las fuerzas del orden: el resultado fue de más de 69.000 muertos y cerca de 16.000 desaparecidos. Entre quienes tienen derecho a una reparación en dinero están quienes sufrieron violación sexual. Por ejemplo, una mujer de un alejado distrito de Ayacucho (en la sierra sur) que no ha podido cobrar su indemnización en el Banco de la Nación porque un empleado bancario modificó los datos de su cuenta y robó el dinero. Otras siete personas tampoco han podido hacer efectiva su reparación por hechos similares.

Rafael Mego Pezo fue contratado en 2013 como técnico en la oficina del Banco de la Nación de Huancapi (Ayacucho) y presentó su renuncia en julio de este año, cuando ya se había llevado el dinero. El 7 de agosto pasado, la entidad bancaria presentó una denuncia en su contra en una fiscalía de Ayacucho, por delito de peculado (apropiación ilícita, utilización de caudales) y la investigación continúa, pero para la Fiscalía el agraviado es el Estado y no las víctimas, quienes aún siguen esperando el pago de su reparación.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo realizado en agosto, 82.710 víctimas de la violencia tienen derecho a recibir una reparación económica por ser familiar directo de muerto o desaparecido, por haber sufrido una discapacidad a raíz de hechos de violencia entre 1980-2000 o por violación sexual.

El monto de la reparación es de US$ 3.400 dólares. Esa cantidad, sin embargo, debe repartirse entre los hijos y padres de los muertos y desaparecidos. El monto completo sólo lo reciben individualmente quienes hayan sufrido discapacidad o violación sexual. Son 3.063 las personas que figuran en las listas de beneficiarios del programa de reparaciones económicas por causa de violación sexual, indicó la Defensoría con cifras de julio de este año. La institución incluso cita casos de deudos que prefieren no cobrar la reparación porque les parece “ofensiva a la memoria de sus familiares” recibir menos de US$ 250 dólares por un muerto o desaparecido.

De esos más de 82.000 peruanos a quienes el Estado les ha depositado algún dinero en el Banco de la Nación por concepto de reparaciones, más de 9.600 no lo han cobrado, indicó la Defensoría, con datos de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada de coordinar el pago de compensaciones.

Hasta noviembre, el ministerio de Justicia ha publicado ya 12 listas de beneficiarios de las reparaciones económicas. La lista Nº 8 (de 2012) contiene 5.531 nombres, incluido el de Carmen Huauya, cuyo número de cuenta bancaria adulteró el cajero Rafael Mego para apropiarse del dinero. Según la Defensoría, hasta agosto de 2014, 1.110 personas de la lista 8 no habían hecho su trámite en el Banco de la Nación para cobrar su dinero.

En Ayacucho, Javier Ascarza, abogado de la ONG Comisedh que asesora legalmente a Huauya, indicó los nombres de otras siete personas que tampoco han podido cobrar sus reparaciones en cuentas del Banco de la Nación porque han adulterado sus nombres en la base de datos o porque ha habido retiros irregulares.

“Cuando Carmen Huauya y yo hemos ido al banco el 16 de septiembre a exigir el pago de la reparación, el administrador no nos dijo que ya sabían del empleado Mego, ni hicieron público que ya lo habían denunciado”, añadió Ascarza. El abogado explicó que la agraviada vive en el centro poblado de Llusita (provincia de Víctor Fajardo), donde fue víctima de la violencia por parte del Ejército, y no puede gastar continuamente en pasajes a la capital de Ayacucho para las gestiones sobre este caso.

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (el organismo del Ministerio de Justicia que coordina la entrega de las reparaciones) precisa que cuando las reparaciones han sido depositadas en una cuenta del Banco de la Nación y no son cobradas en 180 días, pasan a la condición de vigiladas y el beneficiario debe ir a una oficina de la entidad para reactivarla. Sin embargo, la difusión de las listas con los nombres de los beneficiarios es limitada, y en zonas rurales, donde viven gran cantidad de las víctimas de la violencia, no tienen acceso a internet o son personas de la tercera edad o sólo hablan el idioma quechua, y en general cuentan con poca experiencia en el uso del sistema bancario.

El Banco de la Nación suele promocionarse como un instrumento de inclusión social en Perú, pero en este caso aún no dice cuándo pagará las reparaciones a los ocho ciudadanos que esperan que el Estado deje de agraviarlos.

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