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Por Témoris Grecko (síguelo en Facebook y Twitter)

(Actualización 13 de noviembre: Nuevas preguntas y respuestas sobre la versión oficial: Y las bolsas de cenizas en Guerrero… ¿corresponden a los desaparecidos o a la desesperación de Peña Nieto?)

Esta madrugada (4/nov), la PGR confirmó la captura del exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales de los ataques policiacos que segaron las vidas de 6 personas y en los que fueron secuestrados los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre. Esta pareja no sólo puede aclarar el destino de los desaparecidos: tiene también muchísima información sobre las operaciones del narcotráfico en la región y sobre todas las complicidades que involucra, por parte de políticos, funcionarios y empresarios a nivel local, estatal y federal.

Este hecho es una victoria parcial para la gran movilización nacional e internacional que exige justicia. Victoria porque, sin la enorme presión que está recibiendo el gobierno de Peña Nieto (cuyos órganos de seguridad son vistos como incompetentes o como sin voluntad de resolver el caso, o ambas cosas), es altamente probable que ese matrimonio hubiera podido escapar definitivamente y darse nuevas identidades para mantenerse en la discreción.

Pero es parcial porque los 43 no han aparecido con vida y porque, más allá de la urgencia de hallarlos, en el fondo el objetivo es cimbrar la sociedad y la política mexicanas, de tal forma que la primera termine de tomar conciencia de que no hay razones para que se resigne a vivir sometida a la doble pinza de corrupción política y violencia criminal, y que la segunda pase por una profunda limpia y transformación para que efectivamente sirva a la ciudadanía en vez de a las mafias.

Por lo pronto, es vital que se impida que a los Abarca/Pineda les vaya a dar por “suicidarse” como le ocurrió a Benjamín Mondragón, el otro líder del cártel Guerreros Unidos que se quitó la vida cuando iba a ser detenido, el 14 de octubre.

También es necesario impedir que el procurador Murillo Karam ceda a la tentación de manipular la información para justificar indebidamente lo que describió como su “línea única de investigación” (que presenta el conflicto como un enfrentamiento entre cárteles y criminaliza a las víctimas) o para liberar de responsabilidades a algunos privilegiados y descargar toda la culpa en chivos expiatorios.

Lo que saben los Pineda/Abarca debe servir para iniciar investigaciones y procesos judiciales contra todos sus asociados en Guerrero, Morelos, el Distrito Federal y otras entidades, en los tres niveles de gobierno, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la iniciativa privada, dentro y fuera de los partidos políticos.

Por el rescate con vida de los 43 y por un México libre, justo y seguro, se mantiene en pie la campaña de movilizaciones.

Y para entender/explicar la situación, he intentado resumir algunos de los principales aspectos en una serie de preguntas básicas:

¿Qué pasó en Iguala?

¿Por qué los atacaron y por qué con tanta saña?

¿Por qué estigmatizan a los estudiantes de Ayotzinapa?

¿A quiénes se enfrentan los normalistas en Guerrero?

¿Es posible hallar con vida a los desaparecidos?

Las autoridades, ¿no podían o no querían encontrar a los criminales? ¿Y a sus cómplices y asociados?

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los padres y compañeros?

¿Cuáles son los riesgos?

¿Qué podemos hacer?

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Alcaldía de Iguala incendiada por manifestantes. 22 de octubre de 2014.

¿Qué pasó en Iguala?

El 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como normal de Ayotzinapa, fueron en dos autobuses de pasajeros que tenían en su poder a Iguala para tomar otras dos unidades, con el objetivo de utilizarlas para transportar alumnos a realizar prácticas de docencia y a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México.

La operación coincidió con el informe de labores de la presidenta del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda, quien hizo del acto un baile de lanzamiento de su campaña para ser alcalde en 2015 y suceder a su marido, José Luis Abarca. La familia Pineda Villa está plagada de narcotraficantes. Catorce de ellos fueron detenidos por la policía en 2009, dos sus hermanos fueron hombres de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva y asesinados por órdenes de él mismo también en ese año, y otro, Salomón, se convirtió nada menos que en jefe del cártel local Guerreros Unidos, que controlaba las policías municipales de Iguala, la vecina Cocula y otras localidades en Guerrero y Morelos.

Pineda y/o su marido Abarca ordenaron atacar a los estudiantes y esto se produjo en dos ocasiones, a lo largo de la noche del 26 al 27: en una de ellas, los agentes del orden hirieron en la cabeza a un joven, que quedó en estado vegetativo, y detuvieron a 43 muchachos. En la segunda, pasada la media noche, mataron a tres chicos: dos en el tiroteo y a otro más lo capturaron, le arrancaron la piel del rostro y los ojos mientras estaba vivo, lo dejaron desangrarse hasta morir y lo abandonaron en la calle. Además, por confusión, dispararon contra un autobús en el que viajaban adolescentes de un equipo de futbol y mataron a uno de ellos, al conductor y a una mujer que pasaba.

Los policías entregaron a sus 43 detenidos a sicarios del cártel, aparentemente, y desde entonces están desaparecidos.

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Marcha por la Autopista del Sol, en Chilpancingo. 8 de octubre de 2014. Foto mía.

¿Por qué los atacaron y por qué con tanta saña?

El expresidente Felipe Calderón favoreció que se extendiera un acto reflejo por el país: a las víctimas hay que culparlas de lo que les pasó. Si mataron a unos muchachos en su casa, seguramente en malos pasos andaban. Atribuir las responsabilidades a los muertos tiene la doble ventaja de que no se pueden defender y de que aparentemente ahorra el trabajo de investigar y castigar a los asesinos, que muchas veces pueden estar incómodamente cerca del poder. En el caso de Iguala, además, incide el componente político: los estudiantes actuaban en la oposición y el sistema les tiene antipatía.

Como parte de esta tendencia, se buscó criminalizar a las víctimas con varias hipótesis, de las cuales una fue adoptada por el procurador Murillo Karam como “línea única de investigación”: el cártel de Los Rojos, con presencia en Chilpancingo (capital de Guerrero) y la vecina Tixtla (donde está Ayotzinapa), habría infiltrado o tratado de utilizar a los normalistas para echar a perder el festejo de la esposa del alcalde de Iguala o para invadir el territorio del cártel Guerreros Unidos… o al menos Guerreros Unidos lo habría percibido así.

Se han practicado unas 60 detenciones hasta ahora, de policías, sicarios y otras personas. Las declaraciones de algunos de quienes se dice que participaron en la matanza no permiten entender por qué Murillo Karam considera que los de Guerreros Unidos pensaron que los alumnos eran de Los Rojos.

Por lo contrario, los maleantes sabían quiénes eran y se refieren a sus víctimas constantemente con el mote despectivo “ayotzinapos”. Uno de ellos da cuenta de que su jefe inmediato, “El Choky”, ordenó matarlos “por andar de revoltosos”.

Las élites dominantes en Guerrero, la clase media y muchos medios de comunicación han difundido el término “ayotzinapos”, con el cual colocan a los estudiantes normalistas en un nivel inferior al de ciudadanos o tal vez de humanos. Un “ayotzinapo” es señalado como un vándalo, un alborotador y un indeseable que sería mejor que no existiera.

Las búsquedas de los desaparecidos están arrojando luz sobre la inmensa cantidad de fosas clandestinas que hay en los alrededores de Iguala. Las matanzas estaban a la orden del día. Podían asesinar a cinco, 15 o 20 personas, y nada pasaba. El alcalde Abarca mató personalmente a Arturo Hernández Cardona y dos dirigentes de su mismo partido en 2013, frente a testigos que después ofrecieron pruebas y declaraciones ante los medios, pero gozaba de tal protección del gobernador del estado Angel Aguirre y de la corriente Nueva Izquierda del PRD que jamás se actuó contra él, ni siquiera la PGR aceptó hacerlo (tan no se inició el procedimiento por ese y otros crímenes que cometió y que fueron denunciados, que las autoridades judiciales tardaron un mes desde la masacre de Iguala en emitir una orden de aprehensión contra Abarca).

Además, la justicia no es algo que en Guerrero se les suela conceder a los normalistas de Ayotzinapa: en 2011, cuando bloqueaban la autopista a Acapulco y la policía estatal acudió a desalojarlos, los agentes mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús frente a las cámaras de los periodistas, pese a lo cual nadie fue castigado.

Embriagado de poder e impunidad, el matrimonio Pineda-Abarca jamás imaginó que su ataque desmedido contra los normalistas pudiera generar inconformidad: ellos creían estarse deshaciendo de unos vándalos irrespetuosos que se habían atrevido a incomodar su festejo, como quien barre un hormiguero con insecticida; sus sicarios actuaron con el mismo desdén, como marcándoles a los estudiantes una línea roja: si en Chilpancingo les permiten hacer “desmadres”, aquí sí somos machos y les damos una lección arrancándoles la cara y hasta los ojos. Al fin y al cabo, se dijeron, no son más que “ayotzinapos”.

Les falló el cálculo, aunque por unas horas deben haber creído que se saldrían con la suya: a la mañana siguiente, el principal titular de Diario de Guerrero rezó: “Por fin se pone orden”. Y dijo el sumario: “La acción de la Fuerza Estatal y Militares para evitar que vándalos de Ayotzinapa robaran autobuses fue motivo de aplauso público”.

¿Por qué estigmatizan a los estudiantes de Ayotzinapa?

Son jóvenes campesinos pobres, rebeldes y atrabancados. De manera resumida, es por eso. Guerrero está dominado por arrogantes clanes familiares, enquistados desde siempre en el PRI y más recientemente en el PRD, además de otros partidos como PAN, PVEM y PT. Clanes que se han engarzado con los cárteles criminales, y que se apoyan en una clase media tan servil bajo su mirada como soberbia frente a los menos afortunados.

Buena parte de los retos que ha enfrentado este sistema semi-feudal provienen de organizaciones populares formadas bajo el liderazgo de maestros rurales formados en la escuela de Ayotzinapa. Los dirigentes de los famosos grupos guerrilleros de los 60 y principios de los 70, Genaro Vázquez Rojas (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) y Lucio Cabañas (Partido de los Pobres) fueron alumnos de la normal rural y los de hoy mantienen su mística, como queda claro al escuchar su discurso público y ver las imágenes de Vázquez Rojas, Cabañas y otros líderes con las que adornan los muros. La fuerza sindical más grande e indomable de la entidad es la del magisterio disidente agrupado en la Ceteg (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), en cierta medida constituido por egresados de Ayotzinapa.

Por cuenta propia, los normalistas son muy activos y sus métodos de lucha incomodan a varios sectores. Por ejemplo, el bloqueo de la autopista del Sol y de la carretera federal paralela, el domingo 26 de octubre (al cumplirse un mes del secuestro de sus compañeros), partió al estado en dos y mantuvo encerrados en sus vehículos bajo el calor durante 8 horas a miles de conductores y pasajeros, incluidos los vacacionistas que regresaban de un fin de semana en Acapulco. Con el apoyo o el liderazgo de Ceteg, en las manifestaciones del último mes se han provocado incendios de instalaciones gubernamentales y saqueos a esas oficinas y a supermercados, aunque en algunos casos los robos parecen haber sido actos de oportunismo de vecinos, de pandillas o incluso de provocadores interesados en desprestigiar las protestas.

Buena parte de la ciudadanía guerrerense todavía no está sensibilizada por el rapto de los 43 jóvenes y la tragedia de sus padres. Hay quienes se acercan a los periodistas para asegurar que los desaparecidos en realidad están escondidos para justificar los desmanes de sus compañeros. No parece importarles tanto vivir bajo un sistema político controlado por el crimen como las incomodidades que causan quienes se oponen a él. Y siguen refiriéndose a los normalistas como “ayotzinapos”, a pesar de que esos actos de estigmatización ayudaron a crear el ambiente en el que realizar esa matanza pareció fácil, socialmente aceptable e incluso justificable.

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Familiares de desaparecidos frente a la catedral de Chilpancingo. 23 de octubre de 2014.

¿A quiénes se enfrentan los normalistas en Guerrero?

En el segundo estado más pobre de la república mexicana, los roces entre las grandes fortunas y la pobreza extrema se hacen más evidentes que en casi todas las demás entidades. El recurso a las actividades ilícitas es habitual entre los clanes que dominan la vida económica y política del Estado. También lo es el recurso a la represión sangrienta: la matanza de Iguala no es más que la última de una lista que incluye las de Iguala (otra, en 1962, con 7 muertos, 23 heridos y 280 detenidos), Atoyac (9 muertos y 25 heridos en mayo de 1967), La Coprera (entre 27 y 86 muertos, según versiones, y más de 100 heridos, en Acapulco en agosto de 1967), Aguas Blancas (17 muertos y 21 heridos, en 1995), El Charco (11 supuestos guerrilleros ejecutados por el ejército en 1998) y la de 20 turistas michoacanos “confundidos” como miembros de un cártel rival (en 2010).

Salvo la última, todas han sido parte de actos de represión política perpetrados por fuerzas de seguridad y han quedado impunes en el nivel de autores intelectuales: el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, acusado por la de Aguas Blancas, se vio forzado a renunciar pero dejó en el cargo a su ahijado político, Angel Aguirre Rivero, bajo cuyo mandato se produjo la de El Charco, sin que lo afectara. Figueroa Alcocer y Aguirre Rivero, además, fueron acusados por el entonces flamante PRD de perseguir y asesinar a varios cientos de sus militantes, por lo que los apodaron “mataperredistas”.

Por esto es más dramático que Aguirre Rivero haya sido impulsado por el mismo PRD para ocupar por segunda ocasión la gubernatura; y como repetición de la historia, ahora ha tenido que dejar el puesto, como lo hizo 18 años atrás su padrino Figueroa, a pesar de la cerrada defensa que hizo el PRD, sobre todo por la labor de las corrientes internas Nueva Izquierda (los chuchos de Carlos Navarrete), Alianza Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol (de Amalia García), que desecharon las demandas de renuncia que presentaron las facciones opuestas a Aguirre.

Tradicionalmente, los clanes políticos guerrerenses se expresaban a través del PRI y dirimían sus diferencias dentro del partido. El crecimiento del PRD, gracias a la esperanza que generó su lucha por mejorar la vida de los pobres, por justicia y por paz, lo convirtió en una alternativa política viable para que los clanes descontentos lo utilizaran en sus propias luchas y para sus intereses. Así, esa organización pasó de ganar alcaldías pequeñas a la de Acapulco y después la gubernatura, ya en dos ocasiones, ofreciéndose como membrete para políticos y empresarios expriístas. Fue de esta forma que el PRD terminó postulando a Aguirre Rivero pese a su pasado manchado por los asesinatos de perredistas (de hecho, su camino hacia la candidatura del PRD fue facilitado enormemente por el sicario que mató en agosto de 2009 al entonces líder estatal del partido, Armando Chavarría, quien parecía el aspirante más aventajado y cuyo asesinato sigue impune).

En paralelo, creció el poder de los cárteles criminales, cuyo financiamiento aceita las maquinarias electorales de los clanes y partidos: el flujo de recursos es tan grande que los candidatos sin apoyo del narco encuentran casi imposible competir con los que sí lo tienen.

Iguala juega un rol clave en este escenario: esta ciudad es el punto de acopio de la goma de opio que se produce en los municipios serranos dominados por el narco (Teloloapan –como recogí en este testimonio-, Arcelia, Totolapan, Coyuca de Catalán, Pungarabato y Cuetzala), que constituye el 98% de la producción nacional, que ya ha desplazado a la marihuana como principal narcótico exportado por el país y de la cual México es el segundo productor del mundo, según datos del Departamento de Estado recogidos por el periodista Héctor de Mauleón.

Controlar Iguala es manejar una fortuna. De la cual, como documentó el columnista político Salvador García Soto, el exgobernador Aguirre sacaba una importante tajada, gracias a su relación con la pareja Abarca-Pineda: “El encargado de recoger esos recursos (el dinero que Abarca le transfería a Angel Aguirre) era Jesús Ernesto Aguirre, sobrino del gobernador y quien en su carácter de ‘asesor externo’ era el enlace financiero entre el alcalde, su esposa y su tío”.

A su vez, afirma también García Soto, Aguirre retribuyó el respaldo de los chuchos de Nueva Izquierda financiando sus proyectos políticos, como los del senador Armando Ríos Piter, el expriísta y exchucho (y todavía candidato designado por López Obrador para la gubernatura) Lázaro Mazón y, sobre todo, del nuevo presidente nacional del PRD Carlos Navarrete: “Información que surge del círculo cercano a Angel Aguirre asegura que éste le aportó mensualmente a la campaña de Navarrete por la dirigencia del PRD la cantidad de 10 millones de pesos, durante el año que duró su proselitismo por todo el país”.

En Guerrero, como en otras regiones del país, viejos clanes familiares y capos de 26 cárteles (cinco mayores y 21 pequeños) del narcotráfico se asocian y enfrentan utilizando las herramientas a su disposición para conquistar posiciones de poder, acceso al erario público y control de las fuerzas de seguridad. Entre esas herramientas se encuentran los membretes que llamamos partidos políticos, particularmente PRI, PRD, PAN, PT y PVEM, puestos por dirigencias cómplices y serviles a disposición de quien quiera pagar por su utilización. Los grupos que se rehusan a aceptar esta realidad son vistos como enemigos por todos los beneficiarios de la corrupción: a pesar de sus diferencias y rivalidades, a los clanes y cárteles los unifica el odio contra quienes perciben como una amenaza común para el sistema corrupto del que forman parte.

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Familiares de desaparecidos frente a la catedral de Chilpancingo. 23 de octubre de 2014.

¿Es posible encontrar con vida a los desaparecidos?

Los padres han denunciado que aunque el gobierno asegura estar buscando vivos, en realidad sus esfuerzos se enfocan en encontrar fosas. Que se concentren en hallarlos vivos, exigen. Mucho se discute si estarán vivos todos, unos cuantos o ninguno. Pero no hay más que especulaciones basadas en información incompleta. Es muy grave la incapacidad de las autoridades de encontrar pistas fidedignas, a pesar del gran número de detenciones.

Algunas declaraciones de los detenidos indican que sí asesinaron a algunos de los normalistas, pero tal vez no a todos. Y después de recibir las críticas por buscar sólo muertos, el secretario de Gobernación aseguró que “pensamos” que es posible encontrarlos vivos.

¿A todos? ¿O sólo a unos cuantos? ¿Será mi hijo o el de otra persona?, se preguntan los padres, para quienes las cosas sólo resultan mucho más dolorosas. A falta de evidencias sólidas, a nadie se le puede pedir que renuncie a encontrar con vida a quienes ama. La brutalidad exhibida por los victimarios al desollar vivo al estudiante Julio César Mondragón no sólo es difícil de aceptar: para los padres, se convierte en una angustia terrible al preguntarse si a sus hijos les harán lo mismo y si están a tiempo de salvarlos.

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Familiares de desaparecidos frente a la catedral de Chilpancingo. 23 de octubre de 2014.

Las autoridades, ¿no podían o no querían encontrar a los criminales? ¿Y a sus cómplices y asociados?

Hace unas horas detuvieron a la pareja Pineda/Abarca. Sin embargo, los signos indican que las autoridades tenían muy poco interés en hallarla y juzgarla (y falta saber si están dispuestos a identificar, investigar, detener, juzgar y condenar a sus múltiples e influyentes cómplices):

-De entrada, los dejaron escapar. El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el ahora exgobernador Aguirre se enredaron en un dime y direte porque el primero afirma haberle pedido al segundo que detuviera a Abarca y el segundo lo niega. En cualquier caso, frente a las narices de la policía, Abarca y Pineda tuvieron 72 horas para realizar el procedimiento legal de pedir licencia a la alcaldía, marcharse y desaparecer. Uno debe preguntarse si en verdad se debió a la falta de instrucciones, de coordinación o mera torpeza policial, o si preferían dejarlos huir.

-En segundo lugar, tardaron nada menos que un mes en girar una orden de aprehensión contra Abarca. Para justificar lo anterior, es irrelevante que el exalcalde hubiera gozado de fuero porque éste sólo es válido a nivel estatal y los delitos que cometió pronto fueron considerados de naturaleza federal; además, el fuero sólo lo protegería de ser aprehendido, no de que se iniciaran las averiguaciones necesarias para sustentar rápidamente la orden de aprehensión. Y si faltaban elementos para esto, de cualquier forma deberían haber podido echar manos de otros procesos para detenerlo, como el relacionado con el asesinato de Hernández Cardona: en realidad, este crimen fue ignorado por las autoridades a pesar de que existían testigos y pruebas.

-Ni por ese crimen ni por ningún otro: deseoso de hacer parecer que sí hace su trabajo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, organismo de inteligencia del gobierno federal) filtró a los medios un informe en el que se vincula a Abarca y Pineda con el crimen organizado. Otros funcionarios y políticos saltaron igualmente a denunciar que ya lo sabían, y Osorio Chong aseguró que investigaban a Abarca desde 2010. Lo que no se molestaron en explicar es por qué, a sabiendas de que el alcalde de Iguala y su esposa convirtieron la ciudad en baluarte de la mafia, no se inició ni un solo proceso en su contra. Ni uno.

Sumando estos hechos a la ausencia de avances en la búsqueda, padres y compañeros de los desaparecidos manifestaron su sentimiento de impotencia, denunciaron que “el gobierno federal está acabando con nuestra paciencia y jugando con el dolor de las víctimas” y tratan de presionar anunciando protestas y acciones cada vez más radicales.

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Marcha de protesta en Iguala. Al frente, profesores de la Ceteg. 22 de octubre de 2014.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los padres y compañeros?

Las quemas de edificios del gobierno de Guerrero y de la alcaldía de Iguala generaron inquietudes en la sociedad, expresadas por conductores de televisión que se quejaron por la violencia de las protestas. Probablemente tendrían razón en otras situaciones.

La que aflige a padres y compañeros de los desaparecidos es especial, sin embargo. Antes de la violencia, tenían a su disposición dos vías aceptadas por el sistema político: la legal y las manifestaciones pacíficas.

Evidentemente, la legal es inútil: la justicia en México existe para ser aplicada en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Los normalistas lo constataron con la impunidad en el asesinato de sus dos compañeros en 2011 y de nuevo ahora, cuando a los políticos a quienes consideran responsables o cómplices de su tragedia, permanecen a salvo de procesos judiciales: Aguirre negoció inmunidad a cambio de su salida de la gubernatura, los chuchos insisten en saldar sus responsabilidades con una simple petición de disculpas, el presidente Enrique Peña Nieto no cree que su gobierno tenga nada qué ver y descarga las culpas en Aguirre.

De hecho, se sigue con la tendencia a hacer pagar a personajes de tercer nivel por los crímenes más escandalosos: a Abarca y Pineda en Iguala, a un suboficial y seis soldados rasos por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, a 21 policías por Atenco (a pesar de que el entonces gobernador del Estado de México aseguró haber ordenado el operativo en el que se produjeron detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y/o degradante, allanamientos de morada, tortura, abuso sexual y violaciones a 26 mujeres, y hoy es presidente de México, Enrique Peña Nieto), a nadie por la masacre de Acteal, y a nadie por el incendio de la guardería ABC, aparentemente provocado para desaparecer evidencias de malos manejos del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

En la guardería ABC, 49 bebés murieron quemados el 5 de junio de 2010. Si en ese caso tan sensible, 4 años después no se ha hecho justicia, ¿por qué habrían de esperarla ahora los padres de los desaparecidos?

Miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para protestar por las muertes de esos 49 niños. Igualmente, con manifestaciones pacíficas se ha protestado por todo tipo de abusos, desde la situación de violencia hasta despojos de tierras contra comunidades campesinas y abusos contra colectividades de trabajadores. Pero el sistema político mexicano se ha especializado en oír pero no escuchar las voces de sus ciudadanos. Y desde el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, las agresiones policiacas contra manifestantes y periodistas se han vuelto recurrentes.

No debe extrañar que padres y compañeros de los desaparecidos sientan que recurrir a la ley o protestar pacíficamente sirve para absolutamente nada.

Se argumenta que ellos están sujetos a un pacto social. Pero al negarles justicia y atención, ese pacto social ha sido roto por los mismos encargados de garantizar su vigencia. Para quienes creemos que la violencia no es el camino, resulta muy difícil explicarles que tienen que seguir aceptando resignadamente los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y los abusos de un sistema que protege a los delincuentes y castiga al ciudadano común. Es derecho del pueblo rebelarse contra la opresión de un sistema injusto. Para muchos, no hay razón para sentirse ligados a ese pacto social hecho trizas.

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Barrio de Izaa, Alepo, Siria. Enero de 2013.

¿Cuáles son los riesgos?

Personalmente, he sido testigo de revoluciones armadas e insurrecciones populares. Generan un enorme entusiasmo al principio y una tragedia enorme e irreparable después. Casi es una regla que quienes inician la revolución, no son quienes la terminan vivos. Es bien sabido que la revolución devora a sus propios hijos.

Las guerras civiles abren el espacio para que los violentos se pongan al frente de los grupos sociales y avasallen a quienes tratan de emplear la razón y el diálogo. Las dinámicas que generan tienden a aplastar a los que buscan vías para la paz en tanto que los extremistas de ambos lados se alimentan mutuamente con sus acciones. Es muchísimo más fácil iniciar un combate que acabarlo. Y al final, los beneficiarios no son los pueblos, que encuentran su hogar destruido y sus medios de vida, hechos añicos, sino el cúmulo de oportunistas que siempre medra en el caos y la violencia.

En Siria y Libia, por ejemplo, las personas que salieron a luchar en 2011 afirman hoy que, aunque siguen creyendo que sus causas eran justas y se oponían a regímenes fascistas, hubieran preferido buscar otras alternativas si hubiesen sabido que lanzaban a sus países por el precipicio de la guerra interminable. En ambos casos, las facciones que ahora son más fuertes ni siquiera estuvieron presentes al principio, en tanto que quienes tuvieron la iniciativa de empezar la revolución están muertos, mutilados, encarcelados o en el exilio. Los hijos para quienes quisieron construir una nación mejor tendrán que vivir entre ruinas. Si es que regresa la paz.

En la revista Proceso, José Gil Olmos documenta esta semana cómo es que los distintos grupos guerrilleros han recobrado aliento gracias a la matanza: estaban “aletargados” y ahora crean nuevas “brigadas de ajusticiamiento”. Reconocen el dolor y el descontento que provocaron la matanza y los secuestros de Iguala y tratan de ofrecer alternativas de lucha. De lucha armada.

No es novedad: las guerrillas en Guerrero surgen como consecuencia de matanzas: Vázquez Rojas subió a la sierra después de la de Iguala de 1962, Lucio Cabañas a consecuencia de la de Atoyac de 1967, y el EPR aparece en el primer aniversario de la de Aguas Blancas, en 1996.

Cuando les niegan la justicia. Cuando desoyen sus manifestaciones pacíficas. Cuando los condenan por quemar el ayuntamiento de Iguala desde donde se ordenó la masacre de sus hijos y compañeros. Cuando nada de esto sirve para rescatar a los secuestrados e impedir que los maten lentamente arrancándoles la piel y los ojos. Cuando la perspectiva es que el sistema seguirá traicionándolos y abusando de ellos, torturándolos y matándolos… ¿debería causar sorpresa que jóvenes y adultos consideren que la lucha armada es la única posibilidad que les queda? ¿O preferiríamos que tomaran la opción de integrarse en los mismos cárteles que los han victimizado?

“Estamos decididos a todo”, dijo el padre de un desaparecido en una conferencia de prensa en Ayotzinapa, el 24 de octubre. “Si es necesario perder la vida por buscar a nuestros hijos, no importa”. ¿Alguien lo puede culpar? “Ya basta de burlas del gobierno”, cerró.

Así empujaron los gobiernos de Siria y de Libia a sus ciudadanos al abismo… y sus países cayeron con ellos. Perdieron todos: en la guerra civil, los únicos que ganan son los fanáticos, los vendedores de armas, los traficantes de alimentos y combustible, las potencias extranjeras que juegan en su tablero de damas… en cambio, las oligarquías locales pierden sus fortunas y escapan al extranjero en avión, las clases medias terminan viviendo en carpas de campos de refugiados y los más pobres, se matan unos a otros por mendrugos de pan o mueren en barcos sobrecargados que se hunden camino del exilio.

¿Apocalíptico? No lo hubieran creído esos libios y sirios idealistas hace tan solo tres años… como tampoco hubiésemos pensado en México que llegaríamos a este nivel de caos, desconfianza y vulnerabilidad.

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Barrio de Salaheddine, Alepo, Siria. Enero de 2013.

¿Qué podemos hacer?

El conflicto armado no es ni la única alternativa ni lo que quiere la mayoría de los padres y los compañeros de los desaparecidos. Hace falta apoyar a quienes entre ellos insisten en seguir las vías menos dolorosas. Si los grupos violentos están intentando atraerlos (y lo hacen “lucrando con el dolor de las victimas”, como dice un aguerrido reportero guerrerense), las autoridades tienen la responsabilidad de evitarlo a través de cumplir con su obligación de traerles justicia. Ya que es lo contrario de lo que han hecho hasta ahora: nosotros debemos ejercer presión sobre ellas. Pero no sólo por esa razón ni esa causa.

Tenemos que actuar en todos nuestros espacios. Explicarles a familiares, amigos, compañeros de escuela y de trabajo, que encontrar a los desaparecidos no es más que la necesidad urgente, pues en el fondo hay que luchar para que mañana no haya otra Iguala, otro Tlatlaya, otro Acteal, otro Atenco, otra guardería ABCpara que nuestra indignación de hoy no amaine hasta que venga la próxima masacre, el magnicidio que sigue, nuevos despojos de la riqueza del país, más manipulaciones de la voluntad ciudadana a través del riego desmesurado de dinero y de espacios en televisión.

El sistema que nos está matando nos exige complicidad en nuestra propia tragedia. Como periodista, ¿estás diciendo la verdad? Como dirigente político, ¿te estás embolsando dinero? Como funcionario público, ¿estás actuando con probidad? Como empresario, ¿estás corrompiendo burócratas? Como empleado, ¿estás engañando a alguien? Como trabajador, ¿estás robando? Como policía, ¿estás cometiendo abusos? Como soldado, ¿estás defendiendo la patria? Como vendedor, ¿estás dando el precio correcto? Como maestro, ¿estás enseñando con calidad? Como médico, ¿estás realizando los tratamientos correctos? Como ingeniero, ¿estás alterando obras? Como abogado, ¿trabajas sólo para enriquecerte?

Como estudiante, como trabajador, como profesionista, como empresario, como ciudadano, como mexicano, ¿estás luchando para evitar el colapso de tu país?

Necesitamos una insurrección popular. Pero tiene que ser un movimiento pacífico si no queremos destruir aquello que deseamos salvar. Debemos realizar paros de actividades, manifestarte en las calles, organizar foros de debate y eventos culturales, conversar con las personas a tu alcance, publicar artículos, hacer canciones… incluso, realizar bloqueos y tomas de instalaciones públicas o estratégicas. Estamos en situación de emergencia porque el país se nos cae a pedazos y pronto pasaremos el punto de no retorno. ¿Cómo explicaremos en el futuro que perdimos lo que heredamos de Morelos, de Juárez, de Zapata, de Cárdenas?

Nos regalaron un país muy bello, nuestro país… ¿lo dejaremos hundirse?

Tenemos que cimbrar a México. Cimbrar la sociedad para que diga ¡basta!, porque sólo la ignorancia y la mansedumbre nos mantienen sometidos a la corrupción y la criminalidad, y con ellas podemos acabar.

Cimbrar las clases política y empresarial para terminar con la corrupción y las actitudes de explotación de la naturaleza y las personas. Dejarles en claro que o se corrigen bien y definitivamente o los vamos a meter a la cárcel… o los violentos vendrán por ellos.

El 12 de febrero de 2011, en la plaza Tahrir de El Cairo, los egipcios salieron a pintar y arreglar las calles, destruidas no sólo por el alzamiento, sino por décadas de negligencia del gobierno y de los mismos habitantes. “La revolución no tendrá éxito si sólo hacemos un cambio de políticos”, me dijo uno, “la revolución tiene que ser de conciencias, cívica, para convertirnos en ciudadanos”. Fracasaron. Tristemente. Hoy viven de nuevo bajo una dictadura.

¿Será que nosotros sí podemos llevar a cabo una revolución pacífica, política y cultural, profunda, que nos convierta en ciudadanos libres y responsables? ¿O permitiremos que la corrupción y el crimen nos sigan ahogando hasta destruir todo lo que tenemos y acabar con nuestras vidas?

Vamos a la calle. No te canses, no te aburras, no te rindas. Tenemos que luchar. México se asfixia.

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Escudo nacional en la alcaldía de Iguala. 22 de octubre de 2014.

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