La Fundación para el Debido Proceso, la organización DeJusticia (Colombia) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador difundieron un reporte sobre las deficiencias en el juicio ‘Curva del Diablo’ contra 53 personas, la mayoría indígenas de la selva de Perú a quienes la fiscalía acusa de muertes y disturbios ocurridos el 5 de junio de 2009, durante el paro amazónico contra decretos aprobados por el Gobierno de Alan García que modificaron el régimen de acceso a la tierra y al agua, algunos inconstitucionales.

En esa fecha, una operación policial destinada a desbloquear una carretera en Bagua (Amazonas) donde estaban apostados los manifestantes, terminó con 33 muertos -22 policías y 10 civiles-, un oficial de la policía desaparecido hasta hoy, y 200 heridos.

La madrugada del 5 de junio, la policía realizó un despliegue mal planeado pese a que la noche anterior, los líderes de la protesta se habían comprometido a despejar la carretera y buscaban transporte para retornar a sus comunidades del norte de la Amazonía.

Entre las deficiencias que los expertos de las tres instituciones encontraron, destaca el hecho de que los acusados indígenas sólo disponen de un intérprete a su lengua materna cuando les plantean preguntas directamente, pero no tienen traducción a lo largo de todo el proceso, de modo que no tienen elementos suficientes para ejercer su derecho a la defensa.

Además, la Sala encargada del juicio -iniciado en mayo- y la fiscalía no han preparado un cronograma para convocar a las audiencias exclusivamente a quienes interrogarán en cada fecha. Por esta causa, los 53 acusados deben asistir a todas las vistas, pese a que la mayoría vive en comunidades muy apartadas de la sede del juicio y gastan mucho dinero en el transporte, encarecido debido a que deben usar lanchas en ciertas partes del camino.

Las tres ONG presentaron el 18 de septiembre un recurso de amicus curiae a la Sala Penal Liquidadora de Bagua encargada del proceso judicial, detallando por qué Perú no está cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en este caso en particular.

Las organizaciones señalan que la sentencia sobre este juicio será histórica pues aborda “los conflictos sociales que se dan en medio de una política económica cada vez más dependiente de la industria extractiva y los derechos de los pueblos indígenas”.

La siguiente línea de tiempo muestra los argumentos de dichos vicios en el proceso. Puedes verla aquí o seguir este vínculo para apreciarla en más detalle.

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